Michel Leporati: “Necesitamos seguir dando garantías de inocuidad”

La industria alimentaria, incluyendo a las actividades primarias, transformadoras y comercializadoras,  es el segundo sector exportador del país, alcanzando los 18 mil millones de dólares anuales, cifra que se espera sea duplicada en 2025.

Este escenario abre grandes desafíos para los emprendedores nacionales y entidades fiscalizadoras. Bien lo sabe Michel Leporati, Secretario Ejecutivo de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria (ACHIPIA), quien nos entrega su visión sobre el rol del organismo que dirige y el contexto que se avecina.

¿Cuáles son los principales desafíos que tienen los exportadores en el ámbito de la inocuidad alimentaria?

En términos globales, existe una especial preocupación en el mundo agropecuario, por los peligros de contaminación biológica asociada a patógenos emergentes, como el campylobacter, las listerias y la salmonela, bacterias que tienen una alta capacidad para contaminar productos. El uso de antibióticos en la producción animal también es visto con cuidado, sobre todo por la resistencia antimicrobiana, al igual que los alérgenos y  contaminantes químicos, que son analizados y reanalizados en relación a su capacidad para generar algún tipo de problema. Estos aspectos que deben ser siempre considerados por un exportador que aspira a ingresar a otros mercados.

En el proceso de certificación, ¿existe algún programa de desarrollo o alianza con entidades gremiales que representen a los exportadores de alimentos?

Normalmente las certificaciones están asociadas a condiciones particulares y con determinados mercados. Los servicios oficiales dan garantías de inocuidad y eso se traduce en la emisión de documentos con validez internacional, pero desde la lógica de la certificación de calidad, el Estado chileno no interviene más allá de dar garantías de que un producto es apto para el consumo humano. Por esto, existen otros actores del sistema que acreditan condiciones especiales, alternativas que tienen condiciones particulares para determinados mercados, como por ejemplo, el sello GAP.

Respecto a esto mismo, ¿existe alguna instancia de trabajo conjunto con otras entidades gubernamentales vinculadas a la certificación de productos alimenticios de exportación?

La esencia de la agencia es que se coordina para todos los efectos con sus contrapartes dentro del sistema. Tenemos una acción permanente, cotidiana de trabajo con el SAG, con el Ministerio de Salud y con SERNAPESCA, pero también con la DIRECON, CONICYT, INDAP y CORFO. Lo que hacemos es generar el espacio en donde converjan los actores para poder tomar los acuerdos necesarios. No podemos tener ejércitos de fiscalizadores recorriendo los cientos de miles de emprendimientos que producen alimentos, lo que necesitamos es tener cientos de miles de productores de alimentos conscientes de su responsabilidad y que colaboren con el sistema.

¿Existe algún mecanismo de coordinación o programa de desarrollo que se haya implementado en el marco del trabajo conjunto con las entidades que forman parte del SILA (Sistema Integrado de Laboratorios de Alimentos)?

Contamos con herramientas de trabajo que apuntan a ejercer una acción coordinadora y conductora. Tenemos una red de laboratorios de inocuidad de alimentos que nos permite conocer con precisión dónde están estos recintos, con que técnicas y metodologías cuentan, qué recursos humanos tienen en el mundo público, privado y universitario, y si son de servicio o investigación. El instrumento más poderoso que tenemos para generar esta coordinación son los programas nacionales integrados, que son un espacio colaborativo que vincula todo el mundo de la gestión de riesgos, es decir, al SAG, SERNAPESCA y al Ministerio de Salud a través de las SEREMIS, con el mundo que debiese dedicarse a la evaluación de peligros.

Respecto a lo que podría ser el soporte en el sistema laboral, ¿hay algún tipo de consulta o canal de comunicación abierto con el sector exportador para conocer sus requerimientos?

Tenemos una acción permanente de diálogo y conversación con las asociaciones gremiales para recoger sus problemas y tratar de ayudar a resolverlos, ya sea canalizándolos correctamente o bien buscando las soluciones desde nuestras propias competencias y capacidades. Tomamos los requerimientos de los distintos actores del sistema, dándoles un tratamiento formal para llegar a un dictamen científico que finalmente se traduzca en una respuesta normativa y reguladora.

¿Existe algún tipo de trabajo conjunto con agencias de gobierno o gremios respecto a los programas de habilitación para empresas exportadoras de productos alimenticios?

No, por una razón bien simple, nosotros no hacemos gestión. Dentro de esta idea del análisis de riesgos, somos los responsables de coordinar, conducir y de hacer la evaluación de los peligros, pero los que hacen la gestión de estos son los servicios tradicionales del control de alimentos chilenos, que lo han hecho bien, como el SAG, SERNAPESCA y las SEREMIS de salud. La agencia coordina, conduce, hace evaluación de riesgos y participa en la comunicación de estos con todos los demás actores cuando corresponde.

El tema de la inocuidad generó un cambio en el sistema completo y uno de los motivos de este cambio se tradujo en la creación de la misma ACHIPIA. Uno presupone que podría ser necesario un cambio de mentalidad en estos organismos fiscalizadores, respecto de lo que es su modus operandi…

Absolutamente. Estamos transitando de un modelo que era tradicional  hacia una mirada distinta. Hay un cambio de paradigma en el sistema y eso significa generar condiciones para que la gente pueda o sea capaz de hacer las cosas de forma diferente. Necesitamos seguir dando garantías de inocuidad, algo que hasta aquí hemos hecho relativamente bien, y que somos capaces de integrar nuestros productos a los mercados más exigentes del mundo.

¿Existe algún tipo de instrumento o programa de fomento enfocado en las empresas el mundo PYME que permita disminuir la brecha con las grandes industrias exportadoras?

Eso excede un poco el ámbito de acción nuestro. Nosotros no nos hacemos cargo del tema del negocio de los pequeños y medianos productores, pero si creemos que es muy importante que podamos generar este tipo de soluciones, porque son habilitantes para los productores finalmente. De lo contrario, van a quedar fuera no sólo de los mercados internacionales, también de los mercados internos, cada vez más exigentes.

¿Qué país puede ser considerado como referente en el campo de la inocuidad alimentaria?

Muchos países. Si uno mira las naciones de la Unión Europea puede ver que existen estrictas exigencias en materia de inocuidad alimentaria. También en Estados Unidos y Canadá, que tienen sistemas más efectivos y cuentan con estándares elevados.

¿Hasta qué punto los estándares de inocuidad alimentaria pueden convertirse en una fuente de obstáculos técnicos al comercio?

Argumentar que no se cumple con el estándar exigido y que lo hago para proteger a la población es algo casi incontrastable, pero puede esconder una razón comercial. Por esto existe la Organización Mundial de Comercio, donde hay capítulos que hablan sobre las medidas  fitosanitarias. Estas indican que los países pueden tomar resguardos, y si están respaldados con argumentos científicos y no implican barreras para el comercio, se recurre al CODEX, que elabora las directrices de inocuidad, las cuales tiene  un margen de tolerancia de cualquier condición y en cualquier parte del mundo.

Si surgiera un caso en Chile y las medidas de inocuidad se transformaran en obstáculo para el comercio nacional ¿Cuál sería el canal o procedimiento para solicitar ayuda a un organismo de gobierno?

Chile no ha tenido controversias en esa materia, pero hay gran expectativa de lo que podría ocurrir a propósito de los nutrientes críticos de la normativa chilena, que es muy exigente. Por esta razón, ésta será llevada a la Organización Mundial de Comercio y la contraparte en estos casos es la DIRECON, justamente porque ellos están a cargo de los temas comerciales.

 

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